José María Medina Rey, doctorando del Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Universidad Loyola, ha defendido su tesis en el Salón de Actos del Campus de Córdoba de la Universidad Loyola obteniendo una calificación de sobresaliente con mención cum laude.
El investigador ha presentado su trabajo titulado ‘El derecho humano a la alimentación adecuada: Del reconocimiento internacional a las políticas públicas nacionales. El caso latinoamericano’, que ha demostrado la importante progresión del derecho humano a la alimentación adecuada en los últimos 25 años y la importancia de contar con voluntad política para contar con políticas públicas adecuadamente orientadas.
El estudio ha partido de responder a las preguntas de cómo ha sido el reconocimiento de la alimentación como derecho humano en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, qué tipo de derecho es, cuál es su contenido y naturaleza y qué implicaciones tiene para los Estados que son parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El papel de las políticas públicas
A su vez, el investigador ha analizado los procesos que se han dado en los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, qué tipos de modelos legislativos o constitucionales se están dando en los últimos años y el papel en general que juegan las políticas públicas para hacer eficaz este derecho.
Para llevar a cabo el estudio, el doctorando ha hecho una amplia de literatura de más trescientos artículos, libros e informes; ha analizado el tipo de consagración del derecho a la alimentación en las constituciones de 194 países y analizado 30 leyes o proyectos de ley y 38 políticas públicas relacionadas con el derecho a la alimentación en 13 países de América Latina y el Caribe.
Los resultados obtenidos apuntan a que se han sentado unas bases legales, políticas y doctrinales suficientemente sólidas como para que en el futuro se pueda seguir avanzando hacia una mayor exigibilidad jurídica y política de este derecho. Además, se han detectado amenazas para la que es necesaria una clara voluntad política y una decidida demanda social para hacer frente a las causas estructurales del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, que podrían limitar el ejercicio de este derecho humano. El reflejo constitucional de este derecho o su desarrollo a través de leyes es un paso importante pero no garantiza por sí mismo su realización progresiva; es fundamental contar con la voluntad política manifestada en la puesta en marcha de políticas públicas coherentes, bien orientadas y adecuadamente financiadas.
Desde los años 60 la lucha contra el hambre ha estado presente de una u otra forma en las agendas de desarrollo económico y social de Naciones Unidas, pero la forma de abordarla ha ido evolucionando a lo largo de estas seis décadas. El surgimiento en la escena internacional fue hace 25 años con la consideración de la alimentación como derecho humano y no había tenido eco ni repercusión en la agenda de Naciones Unidas para el desarrollo económico y social hasta ese momento.
"La alimentación como derecho humano es ya incuestionable"
Según el investigador: “Una rápida mirada a los documentos y declaraciones de Naciones Unidas de los últimos 25 años nos permite ver que la consideración de la alimentación como derecho humano es ya incuestionable, y el reto que tenemos por delante es ir desentrañando qué consecuencias debe tener este reconocimiento, tanto en el plano internacional como en el nacional”.
La tesis ha sido tutorizada por el profesor y coordinador de la Comisión de Desarrollo de la Universidad Loyola Francisco Amador Hidalgo y dirigida por los expertos profesores doctores Mª Luz Ortega Carpio, Gloria Martínez Cousinou y el mismo Francisco Amador Hidalgo. El tribunal estuvo constituido por Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, de la Universidad de Valencia, la catedrática de la Universidad Loyola María José Montero Simó y María Celia Fernández Aller, de la Universidad Politécnica de Madrid.
José María Medina Rey es Máster en Derechos Humanos y Diplomado universitario en dirección de ONG y en diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales con participación comunitaria. En la actualidad es responsable de gestión del conocimiento de Enraíza Derechos, Coordinador del proyecto AlimentaODS y miembro del equipo de coordinación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España.
