Profesores y doctores del área jurídica de la Universidad Loyola y expertos de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) y Grant Thornton España, se han reunido hoy en el campus de Sevilla de la universidad jesuita para analizar y dialogar con estudiantes y profesionales sobre Compliance.
Desde el área jurídica de Loyola Másteres, la Escuela de Postgrado de la Universidad Loyola, han organizado un Seminario sobre Compliance Aplicado para compartir y analizar aspectos prácticos que abogados y compliance officer utilizan a diario en su actividad profesional.
Manuel Novo, director del área Jurídica de Loyola Másteres, ha inaugurado el semanario recordando que “el objetivo de estas jornadas es crear un espacio de diálogo y de interacción sobre el Compliance y el forensic entre profesionales, alumnos y expertos”.
Por su parte, Rafael Aguilera, director del Diploma Especialización en Compliance de la Universidad Loyola, ha puntualizado sore los aspectos generales del seminario. “Estamos apostando por un contenido de relevancia y vanguardia”. “Vamos a ver aspectos que tiene una enorme trascendencia practica en el día a día del compliance officer y el abogado como los sistemas internos de información, la protección del informante, cómo se tiene que desarrollar una investigación interna corporativa cuando se recibe la denuncia, por último, la evidencia digital y cómo se tiene que extraer del ordenador del directivo para saber si se ha cometido un delito”, ha completado.
Rafael Aguilera, Ricardo V. Puyol y Marta Blázquez en el Seminario sobre Compliance Aplicado.
En la jornada han participado Ricardo V. Puyol Sánchez, director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) y magistrado de lo Penal en la Audiencia Provincial de Granada; Marta Blázquez Expósito, directora adjunta de la OAAF; Alfonso Bravo García, socio de Forensic y experto en Investigaciones Internas Corporativas en Grant Thornton España; y Cristina Muñoz-Aycuens, directora de Forensic en Grant Thornton España.
Reforzar la prevención para evitar los casos de corrupción en las administraciones públicas
El primer ponente de la jornada ha sido Ricardo V. Puyol Sánchez, quien se ha centrado en el impacto de la corrupción en el sector público y las empresas.
El magistrado ha alentado a reforzar los mecanismos de prevención para evitar que haya personas que provoquen durante un largo tiempo un perjuicio a las administraciones públicas. “Mi experiencia profesional como magistrado en temas de corrupción pública lo que me ha sucedido es que he visto la punta del iceberg, detrás de las que hay una montaña de irregularidades y déficit de los controles internos de la administración”, ha completado.
“El mantenimiento en el poder durante mucho tiempo sí genera caldos de cultivo donde la corrupción puede proliferar”.
España ocupa la posición 35 de 180 del ranking global del Índice de Percepción de la Corrupción. Puyol ha explicado, durante su sesión que, en España, la corrupción ha sido un factor detonante en los cambios políticos. En 2018 prosperó la moción de censura contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el caso Gürtel constituido por procedimientos penales interconectados en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. En Andalucía, igualmente, el caso de los ERE acabó con el Gobierno del PSOE en la comunidad.
Controversias de la Ley de Protección al Informante
Rafael Aguilera ha continuado la jornada analizando los aspectos controvertidos de la Ley 2/2023 de Protección al Informante en la aplicación de los Sistemas de Compliance y no Autoincriminación.
Ya está vigente la Ley de Protección del Informante, que a partir de este viernes afectará a cualquier empresa de más de 50 empleados, ya que el día 1 de diciembre finaliza el plazo para implantarla en estas empresas.
Uno de los problemas que puede plantear es dejar de protegido al informante ante infracciones leves, que no quedan tipificadas en la Ley. En el artículo 2 quedan recogido el ámbito material de aplicación “la presente ley protege a las personas físicas que informen, a través de alguno de los procedimientos previstos en ella de, acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea, y acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave”.
“Se puede presentar un contexto en el que el trabajador o directivo haya visto un incumplimiento de las medidas de Compliance, como, por ejemplo, que se tengan que solicitar 10 presupuestos para la contratación y solo se soliciten 4. No es ni una infracción del Derecho de la Unión Europea ni una infracción penal o administrativa grave o muy grave”, ha explicado Rafael Aguilera.
Estudiantes y profesionales llenan el salón de actos del Campus de Sevilla.
La evidencia digital ya constituye una prueba más en un proceso judicial
Alfonso Bravo García como Cristina Muñoz-Aycuens, ambos de Grant Thornton España, han centrado parte de sus exposiciones a la relevancia que está tomando las evidencias digitales en los procedimientos judiciales.
Alfonso Bravo ha expuesto que “es la fuente más rica porque toda nuestra vida está en la nube”. Según mi experiencia, toda la persona que quiere cometer algo ilícito, siempre tiene un componente tecnológico”.
Sin embargo, exige un grado de rigurosidad elevado ya que es un elemento crítico en cuanto a derechos. “Puede afectar a la integridad de la información, a la cadena de custodio, a los derechos fundamentales como intimidad, secreto de las comunicaciones”.
