El Campus de Sevilla de la Universidad Loyola han acogido, por sexto año consecutivo, las Jornadas de Derecho Tributario, un encuentro académico y profesional que cada año reúne a expertos de primer nivel para abordar los principales desafíos del ámbito fiscal.
El evento, organizado por el Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal de la Universidad Loyola, cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).
En la inauguración Julio Jiménez Escobar, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ha querido agradecer a la AEDAF “su colaboración para realizar esta jornada sobre un tema tan de actualidad y a los ponentes, de máximo prestigio y excelentes profesionales en temas de tributación y derecho fiscal, por prestar sus conocimientos y ponerlos al servicio de nuestra Universidad y nuestros alumnos”.
“El saber por qué se puede ver implicado un asesor fiscal en un procedimiento penal y los motivos que llevan a ello es poder para los profesionales del sector y es completamente necesario”, ha reconocido Daniel Martín Moreno, delegado territorial de AEDAF para Andalucía-Sevilla y Extremadura.
Junto al decano y al delegado territorial de la AEDAF también ha estado Rafael Benítez Iglesias, director del Máster en Tributación y Asesoría Fiscal, quien ha explicado el motivo principal de la jornada. “Estas jornadas están dedicadas al delito fiscal y la responsabilidad penal de los asesores fiscales, un ámbito donde convergen la normativa tributaria y el derecho penal y que plantea importantes retos para la práctica profesional”.
Inauguración de las VI Jornadas de Derecho Tributario en el salón de actos de la Universidad Loyola.
Reconocimiento al talento: entrega de la Beca AEDAF al mejor estudiante del Máster
Durante la jornada, el alumni Rafael López Haro ha recibido la Beca AEDAF al mejor estudiante del Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal de la promoción 2024-2025, un reconocimiento que incluye un año de alta gratuita como miembro de la asociación. Esta iniciativa, enmarcada en el Acuerdo de Colaboración entre la Universidad Loyola y AEDAF, busca apoyar la formación de nuevos profesionales especializados en tributación y facilitar su incorporación al mercado laboral.
Expertos analizan en Loyola el auge de la responsabilidad penal en los delitos fiscales y el papel clave de asesores, administradores y empresas
La jornada comenzó con la ponencia de Francisco Velasco, inspector de Hacienda del Estado y jefe de la Unidad de Delito de la AEAT en Andalucía, Ceuta y Melilla, quien expuso las actuaciones que desarrolla la Inspección en los supuestos de delito fiscal, con especial referencia al Título VI de la Ley General Tributaria.
La intervención del catedrático Alejandro Blázquez Lidoy analizó en profundidad la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional sobre el denominado “caso Nummaria”, considerado un hito por su dureza y sus implicaciones en la responsabilidad penal de los asesores fiscales.
Según expuso, la resolución, la más dura dictada contra un asesor fiscal en España, condena al titular del despacho Nummaria a 80 años de cárcel, 48 de ellos como cooperador necesario en los fraudes cometidos por terceros clientes.
Blázquez ha subrayado que la sentencia delimita la frontera entre el asesoramiento legítimo y la participación penal, señalando que Nummaria no se limitó a aconsejar, sino que “diseñó, ejecutó y puso en práctica estructuras societarias destinadas a defraudar”.
El experto ha explicado que para condenar a un asesor como cooperador necesario es preciso demostrar que su intervención fue decisiva, que existió conocimiento del plan delictivo y que su contribución fue esencial para la consecución del fraude.
Aunque el despacho asesoró a decenas de clientes, la Audiencia Nacional rechazó calificarlo como organización criminal al no quedar acreditado que la estructura se hubiese creado para delinquir, sino para prestar servicios jurídicos ordinarios.
Asistencia de alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola, profesionales del sector y profesores a las jornadas.
Por su parte, Fernando Bertrán Girón, coordinador de Delitos contra la Hacienda Pública y Contrabando de la Abogacía General del Estado, centró su exposición en la autoría y la participación en los delitos fiscales, así como en la cláusula de transferencia del artículo 31 del Código Penal, que permite trasladar responsabilidad penal a administradores de hecho o de derecho.
Ha considerado que el delito fiscal es un delito especial, cuyo autor es el obligado tributario, pero la jurisprudencia permite imputar penalmente a terceros, incluidos asesores, administradores o colaboradores.
La responsabilidad penal de la persona jurídica exige que el delito se cometa en beneficio directo o indirecto de la entidad, y que exista una verdadera estructura organizativa que permita hablar de cultura de cumplimiento.
Además, Bertrán ha citado resoluciones en las que el Tribunal Supremo rechaza imponer doble sanción a un único administrador, señalando que “resulta absurdo imponer a la persona física dos penas: una por cometer el delito y otra por no prevenir sus propios delitos”.
